· Las seis demarcaciones judiciales que se pretenden eliminar cuentan con 12 juzgados que ingresaron el pasado año más de 35.000 asuntos
· Teresa Jiménez: “La medida supone un retroceso en la descentralización de la justicia y aleja a los ciudadanos de un servicio público tan importante”
La supresión de seis de los nueve partidos judiciales con los que cuenta la provincia de Granada perjudicará a una población superior a los 253.000 habitantes y afectará a 118 municipios. Así lo ha advertido hoy la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, quien considera que la medida, planteada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y defendida por el Gobierno del PP, se basa en criterios “exclusivamente economicistas y poco rigurosos, supone un retroceso en la descentralización de la justicia y aleja a los ciudadanos de un servicio público tan importante”.
Teresa Jiménez, que ha comparecido junto a alcaldes y representantes municipales de comarcas afectadas como Loja, Santa Fe, Órgiva, Almuñécar, Guadix y Huéscar, ha precisado que los seis partidos judiciales que se pretenden eliminar cuentan con doce juzgados, en los que sólo el año pasado ingresaron más de 35.000 asuntos.
“El proyecto que establece las bases para una nueva demarcación judicial se fundamenta en un criterio con muy poco sentido común, de un partido judicial por cada cien mil habitantes, sin tener en cuenta las características territoriales ni las peculiaridades de las zonas que abarcan cada partido”, ha señalado.
Según ha manifestado la dirigente socialista, la justicia es “un servicio público esencial para los ciudadanos”. “Defendemos el derecho a la justicia gratuita y pegada al territorio”, ha aseverado Teresa Jiménez, quien ha anunciado que su partido ya está planteando iniciativas en contra de la medida a través del grupo parlamentario socialista y se presentarán también mociones de rechazo en todos los ayuntamientos afectados y en la Diputación.
“El Gobierno del PP de nuevo engaña a la gente, no explica el alcance real que va a tener esta reforma ultraconservadora, a la que habría que sumar el tasazo que pretenden imponer a los ciudadanos que, en lugar de ejercer su derecho a la justicia, tienen que comprarlo”, ha criticado.
Para Teresa Jiménez, la propuesta del CGPJ, que avala el PP, constituye además un “claro desprecio” al estado autonómico y a sus competencias, que serán las que tengan que soportar los gastos de esta medida. De hecho, dado que las competencias de la administración de justicia corresponden a la Junta de Andalucía, será ésta la que tendrá que asumir los medios materiales e infraestructuras derivadas de la nueva reestructuración de los órganos judiciales.
La dirigente socialista ha incidido en las dificultades de espacio en las dependencias judiciales que tendrán que acoger los juzgados que se supriman. De materializarse, los juzgados de Santa Fe y Loja pasarían a formar parte del partido judicial de Granada; lo mismo ocurrirá en Motril, al tener que acoger a los órganos que ahora están residenciados en Almuñécar y Órgiva. “Vemos extremadamente difícil encontrar espacios adecuados para la reubicación de los órganos judiciales, por lo que el servicio se resentirá al no disponer de las infraestructuras necesarias y al producirse en un momento en el que la inversión en su construcción o adaptación resulta inviable”, ha denunciado.
A su juicio, también se trata de un “derroche”, ya que en los últimos años la Junta ha hecho una fuerte inversión en sedes judiciales, ha construido palacios de justicia en la práctica totalidad de partidos judiciales y ahora esas infraestructuras, pensadas para uso judicial, necesitarían de una fuerte inversión para adaptarlas a otros usos. “No existe ahorro, sino todo lo contrario, al menos en materia de infraestructuras”, ha sentenciado.
También ha advertido de que la reforma carece de la más mínima sensibilidad respecto de los derechos de los trabajadores de justicia, ya que requerirá de traslados forzosos del personal. A corto y medio plazo habrá, ha asegurado, una pérdida de eficacia de la administración de justicia, al menos, mientras no se implante la oficina judicial y se proceda a un profundo cambio en las normas procesales.
“Pero lo peor son las consecuencias para los ciudadanos. La supresión de los partidos judiciales va a suponer de entrada mayores gastos para el ciudadano en sus desplazamientos”, ha apuntado.
Teresa Jiménez ha asegurado que iniciativas como ésta evidencian “un profundo desconocimiento del ministro de Justicia de lo que es la justicia, una escasa o nula sensibilidad a la situación de los trabajadores de la justicia y a las necesidades de las comunidades autónomas, una nula sensibilidad sobre las necesidades de los ciudadanos respecto de la justicia y una nula sensibilidad a la consideración de la justicia como un derecho fundamental, ha concluido.
