Los socialistas accitanos presentarán una moción para crear una comisión de investigación sobre la denuncia interpuesta al alcalde

La intención de la propuesta socialista es “depurar las responsabilidades políticas del Equipo de Gobierno del PP en los procesos de encargo de obras, y adquisición de bienes y servicios”.

El grupo municipal del PSOE de Guadix, a través de su concejal, Juan Ignacio Fernández, ha anunciado que esta tarde los socialistas accitanos presentarán en pleno una moción de urgencia para crear una comisión que investigue la denuncia interpuesta esta mañana en la Fiscalía de Granada contra el alcalde de Guadix, Santiago Pérez López, y su Equipo de Gobierno del PP.

La moción socialista, según ha informado Fernández, tendrá como objetivo “la constitución de una comisión de investigación para la depuración de responsabilidades políticas en procesos de encargo de obras, y adquisición de bienes y servicios”.

Según ha destacado el edil del PSOE, “durante el pasado pleno del mes de julio, el Equipo de Gobierno del PP, y sin previo conocimiento de la oposición, intentó que se aprobara una serie de encargos a una empresa que, según el informe del interventor del Ayuntamiento de Guadix, carecían de todos los requisitos previos para el cumplimiento de la Ley en los procesos de adjudicación”.

Ante esta situación, Fernández ha aclarado que la posición del PSOE fue “de total lealtad” con la institución y con la empresa, “absteniéndose por entender que no estaba clara la legalidad y que, por otra parte, el Ayuntamiento no podía llevar a cabo un enriquecimiento ilícito por no pagar a esta empresa de la comarca accitana”.

Por tanto, el grupo municipal del PSOE de Guadix propondrá en el pleno municipal la creación de una comisión que analice las responsabilidades políticas en los encargos realizados a la empresa que ha dado lugar al reconocimiento extrajudicial de créditos debatido en el pleno de julio de 2010.

Además, los socialistas también pedirán a través de esta moción que “se investiguen las compras de bienes y servicios a proveedores cuyo importe supere los límites establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, según ha especificado Juan Ignacio Fernández.

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