La Junta financió nueve ERE en Alquife (Granada) trece años después de cerrar la mina

Pagó 4,48 millones en prejubilaciones entre 2009 y 2010 a la Compañía Minera del Marquesado, que no tiene actividad desde 2006
08.04.11 – 01:47 – A. R. VEGA / M. CONTRERAS | SEVILLA.

La Junta de Andalucía pagó jubilaciones anticipadas de trabajadores de la Compañía Minera del Marquesado años después de que esta empresa dejara de tener actividad. Se trata de una sociedad limitada laboral compuesta por un grupo de antiguos empleados de la mina de Alquife, un yacimiento que se cerró en octubre de 1996 y que durante décadas fue el principal centro productor de hierro en España.
Desde el 31 de diciembre de 2006, esta empresa figura como «inactiva» en el Registro Mercantil. Sin embargo, este detalle no ha impedido que el Gobierno andaluz, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), destinara, entre junio de 2009 y noviembre de 2010, un total de 4,48 millones de euros para costear nueve expedientes de regulación de empleo (ERE) con cargo al denominado por el exdirector de Empleo como «fondo de reptiles».
Según ha podido saber este periódico por fuentes de la investigación sobre los falsos ERE, la Administración andaluza avaló el pago de 2,4 millones de euros en prejubilaciones el pasado 30 de junio de 2009, cuantía que fue ampliando en los meses sucesivos en un goteo continuo de prejubilaciones incentivadas con fondos públicos hasta el 2 de noviembre de 2010, cuando se abonaron 18.133 euros.
De las prejubilaciones se han beneficiado antiguos trabajadores de la extinta Compañía Andaluza de Minas -la propietaria hasta el cierre de la explotación-, que se unieron en una sociedad laboral en enero de 1998 tras conseguir en una subasta pública una parte de la maquinaria, edificaciones y derechos de explotación del yacimiento.
La Compañía Minera del Marquesado se encuentra entre las firmas investigadas por la Consejería de Empleo ante la posible inclusión de «intrusos», es decir, beneficiarios de jubilaciones anticipadas sin relación laboral con la firma. En el caso concreto de la sociedad minera, los primeros ERE fueron negociados por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y USO hace unos seis años, según informó el dirigente ugetista de la federación de Industria en Granada, Alfonso Caña, quien señaló que han sido tres los expedientes de regulación de empleo que se solicitaron a la Administración. Muchos de los afectados por los expedientes aún están cobrando las pólizas.
La intención inicial de los dueños cuando constituyeron la sociedad era vender los bienes y recuperar así parte de los 545 millones que les debía en 2000 la anterior propietaria. Desde su fundación la actividad de esta firma ha sido mínima, a pesar de que en su objeto social aparece como cometido principal la «exploración de minerales, explotación y construcción de plantas metalúrgicas». Se da la paradoja de que en el año 2008 sólo declaró tener dos empleados y un capital social de 1.015.200 euros.
En febrero del pasado año, se produjo una escisión en el seno de la empresa y algunos trabajadores constituyeron otra sociedad bajo una nueva denominación, Minas de Alquife SL, con los permisos de explotación como su principal activo.
Las irregularidades detectadas en la gestión de la partida para ayudas sociolaborales, concebidas para financiar reajustes de plantilla y garantizar la viabilidad de empresas en crisis, han dado pie a una investigación a fondo por parte del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Las pesquisas de su titular, Mercedes Alaya, ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de José Antonio Griñán, y ha salpicado a ex altos cargos de la Junta como el anterior consejero de Empleo, Antonio Fernández, que aparece en el ERE de una bodega jerezana con una fecha de ingreso que coincide con el día de su nacimiento.

www.ideal.es

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