La Administración Concursal de Don Manuel Sánchez Ferre y Doña Carmen Redondo Segura muestra su profunda preocupación por las noticia aparecida en el día de hoy, 21 de septiembre, sobre la concesión a la mercantil Minas de Alquife, S.L., perteneciente a un consorcio controlado por la familia alemana Simon, de los derechos mineros para explotar las Minas del Marquesado.
De ser cierta la existencia de una resolución en dicho sentido (aún nada se ha notificado a esta Administración Concursal ), sería de todo punto improcedente, pues no sólo la Autorización Ambiental Unificada para la explotación está recurrida (recurso que ha de resolver la propia Junta, y que lleva meses paralizado), sino que las concesiones pertenecen a Don Manuel Sánchez Ferre y Doña Carmen Redondo Segura, que los adquirieron de los tres súbditos británicos a los que habían sido adjudicados en el año 2000 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Granada en proceso ejecutivo seguido contra el anterior titular, Compañía Andaluza de Minas.
En este sentido, el Auto de junio de 2001 que, erróneamente, adjudicaba a los antiguos trabajadores de Compañía Andaluza de Minas las concesiones ya adjudicadas a los tres súbditos ingleses, es nulo de pleno derecho, y esta Administración Concursal ha solicitado su nulidad al Juzgado de lo Social que lo dictó.
Llama la atención que en las informaciones difundidas se haga referencia a la mercantil Minas de Alquife, S.L. como “empresa explotadora” cuando dicha mercantil no ha llevado a cabo ninguna explotación, y quizás con ello se quiera ocultar que no se ha valorado de forma rigurosa el cumplimiento por dicha sociedad de los requisitos legalmente exigidos, pues carece de la solvencia técnica y financiera precisas.
Los activos de que dicha sociedad dispone, según sus cuentas anuales, son, sustancialmente, los derechos mineros (que aún no se le han transmitido), es decir, intangibles valorados libremente, careciendo de cualquier recurso financiero.
Por ello, e independientemente de que los derechos mineros no pertenecían a los trabajadores que los aportaron y/o vendieron a dicha sociedad, Minas de Alquife, S.L. carece de la solvencia financiera precisa para afrontar la inversión de más de 250 millones de euros que costaría poner en funcionamiento la explotación minera, como evidencia el hecho de que en diciembre de 2014 la familia Simon no pudo abonar, por falta de liquidez, los 3’5 milllones de euros que adeudaban al matrimonio Sánchez- Redondo por unos terrenos que, en la zona de la explotación minera, había vendido el matrimonio a dicha sociedad, que los adquiría a través de sociedades luxemburguesas.
Incumplimiento de la obligación de pago que, dicho sea de paso, ha provocado que las ventas hayan sido resueltas, existiendo un proceso judicial abierto al respecto ante los Juzgados de Palma de Mallorca.
Además, se da la circunstancia de que las concesiones en su día otorgadas a Compañía Andaluza de Minas podrían estar caducadas, pues en 2008 había transcurrido el plazo por el que se otorgaron, y sólo se justifica su vigencia por un informe realizado por los Servicios de la Junta de Andalucía que, en base a datos inexactos e incompletos, se contemplaba la posibilidad de entender que habrían estado en suspenso hasta 2004 (fecha en que, según dicho informe, habría ganado firmeza el Auto de 2001 que adjudicó los derechos a los antiguos trabajadores), y caducaría el 25 de septiembre de 2015.
Todas estas circunstancias las conoce la Junta de Andalucía, pues le fueron expuestas por esta Administración Concursal mediante escrito presentado en el expediente administrativo de transmisión, pero parece evidente que han primado las prisas por llevar a buen puerto la que ha sido desde hace años su voluntad inequívoca, manifestada incluso en sede parlamentaria por la propia Susana Díaz en el Debate sobre el estado de la Autonomía.
Unas prisas que se han acentuado desde que, en febrero de 2014, se incorporó como Consejero a Minas de Alquife, S.L. un histórico alto cargo socialista, Don Juan Ramón García Secades.
Y para ello, la Junta de Andalucía ha seguido una hoja de ruta, retorciendo los procedimientos administrativos para acomodarlos a su objetivo, en vez de tramitarlos con la imparcialidad, rigor y seriedad que la Ley exige.
En este sentido, los resultados han venido siempre anticipados (altos cargos de la Junta vienen anunciando la concesión que, parece, hoy se ha culminado, desde hace meses en prensa, mitines e, incluso, en sede parlamentaria) y se han ignorado totalmente las alegaciones del matrimonio Sánchez-Redondo.
A la vista de la parcialidad de la Junta de Andalucía; su voluntad inequívoca, manifestada en sede parlamentaria por la propia Susana Díaz en el Debate sobre el estado de la Autonomía, de otorgar los derechos al consorcio alemán a través de Minas de Alquife, S.L.; la evidente existencia de una hoja de ruta que no se altera en ningún caso; y la coincidencia en el tiempo de la aceleración de los trámites administrativos tendentes a otorgar a dicha sociedad los derechos de explotación minera con la incorporación a la misma del Sr. García Secades como Consejero de Minas de Alquife S.L. ; no podemos sino preguntarnos si no estaremos ante un nuevo caso como el de Aznalcóllar, bajo investigación judicial, pues los paralelismos son evidentes.
Esta Administración Concursal anuncia que actuará contundentemente contra la resolución en todos los frentes, y que, una vez le sea notificada la resolución, ejercitará todas las acciones legales precisas en defensa de los intereses del matrimonio Sánchez-Redondo y del concurso.
Por último, la Administración Concursal hace un llamamiento a la cautela y la prudencia y apela a la responsabilidad de los políticos, máxime en el actual escenario, con citas electorales a la vista, pues resulta tremendamente irresponsable anunciar la inminente apertura de las minas y prometer la creación de cientos de empleos, llevando a la confusión, con cantos de sirena, a una comarca tan lastrada por el paro y tan vulnerable a ilusionarse con proyectos que, a la postre, resultan fallidos. Todo lo relativo a las minas del Marquesado debería quedar fuera del debate político, y resolverse con seriedad, rigor y objetividad.
PCC Expertos Concursales, S.L.P.
P.P. Emilio Lucas Marín